Enigma: ¿Llegará la vacuna a los pobres?

GINEBRA, 25 nov (GC).- Ni siquiera el arribo inminente de las vacunas contra el Covid19 apacigua la histórica disputa entre países ricos y pobres por el libre acceso a los fármacos y tratamientos ahora vitales para enfrentar la actual pandemia y otras enfermedades.

El pleito arreció en octubre pasado, cuando India y Sudáfrica, a la cabeza de un gran número de países en desarrollo, propusieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión provisoria de una serie de patentes que protegen la propiedad intelectual de medicamentos y terapias esenciales en este momento. La exención alcanzaría también a las vacunas contra la Covid19 que están en las últimas etapas de desarrollo y comenzarían a aplicarse en las próximas semanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), otras agencias del sistema de las Naciones Unidas (ONU) y variadas instituciones humanitarias, sumado el Vaticano como observador en la OMC, que compartieron las intenciones del grupo de países pobres.

Como ocurre siempre en este tema de la propiedad intelectual, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Gran Bretaña y Suiza, países que hospedan a las grandes transnacionales del sector farmacéutico, encabezaron la negativa a toda flexibilización de las normas comerciales vigentes.

Este sector cuenta con el apoyo de las demás naciones industrializadas y de un reducido grupo de países en desarrollo, entre los que descuella Brasil, que imprimió un cambió radical a su tradicional posición de liderazgo, junto a India y Sudáfrica, en la campaña por reducir el favoritismo a las farmacéuticas.

La estructura jurídica que protege las patentes es el tratado de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), que forma parte del sistema de normas de la OMC. Junto a la incorporación del comercio de los servicios y a la creación de la OMC, los Adpic formaron parte del gran botín obtenido por los países ricos al término de las negociaciones de la Ronda Uruguay en 1994.

Los países pobres quedaron con migajas, solo la apertura del rubro textil y promesas, 25 años después incumplidas, de eliminar el proteccionismo de las naciones industriales al comercio de bienes agrícolas, en particular la eliminación de los aranceles de importación y el cese de las subvenciones bajo forma de apoyo interno a la agricultura ineficiente. 

El estricto proteccionismo de las patentes farmacéuticas nunca terminó de aceptarse por parte de sectores científicos y sociales que cuestionan la esencia de ese favoritismo con los laboratorios medicinales.

“La patente es un instrumento que permite a sujetos privados convertirse en dueños exclusivos durante 17 o 20 años de organismos vivos, como moléculas, células y genes, lo que es injusto para el bien común”, opinó Riccardo Petrella, un renombrado politólogo y economista italiano, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica.

“Los laboratorios son los amos de los organismos vivos que han sido sometidos para la enfermedad patentada. Es un principio inaceptable en todos los niveles, sea radical, ético, político o social”, recalcó Petrella en declaraciones al blog Analysis que conduce en Estados Unidos el periodista canadiense Paul Jay. 

El director de Médicos Sin Fronteras (MSF), Sidney Wong, compartió el criterio de que “todos los instrumentos y tecnologías sanitaráas relacionadas con la Covid19 deben ser verdaderos bienes públicos universales, libres de barreras, patentes y de otras imposiciones de la propiedad intelectual”.

Eswatini, uno de los países africanos que sostienen la demanda, subrayó que la  exención provisoria se limitará a las necesidades para la prevención, contención y tratamiento de la Covid19. Precisó también que la suspensión reclamada se prolongará mientras prosiga una extendida vacunación y hasta que la mayoría de la población haya desarrollado la inmunidad.

Estados Unidos, el opositor más firme a la exención, observó que los gobiernos pueden aportar asistencia o financiación para alcanzar los objetivos propuestos y advirtió que la elaboración de los productos demandados  “representa una inversión de riesgo muy alto para el sector privado”.

En defensa de la industria farmacéutica, la representación de Washington previno que “sin una protección de propiedad intelectual pertinente, el desarrollo y la comercialización de esos productos no se efectuará de una manera eficaz y puntual”.

Lo que proponen India y Sudáfrica es que los 164 estados miembros de la OMC se aúnen para asegurar que esos derechos de propiedad intelectual, como patentes, diseños industriales, derechos de autor y la protección de información  secreta no establezcan barreras al acceso oportuno de productos medicinales asequibles, incluidas vacunas y medicamentos, que son esenciales para combatir la Covid19.

Las dos naciones puntualizan que ante la aparición de nuevos diagnósticos terapias y vacunas para el virus, surgen preocupaciones sobre la posibilidad de que se encuentren disponibles con celeridad, en cantidades suficientes y a precios asequibles para cubrir la demanda mundial.

Tampoco olvidan que la escasez crítica de productos medicinales ha puesto igualmente en riesgo grave a pacientes que sufren otras enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Mencionan también informes de casos en que los derechos de propiedad intelectual han entorpecido o potencialmente dificultado la provisión de productos medicinales asequibles a los pacientes.

A la vez, citan informes de enmiendas introducidas por algunos miembros de la OMC a sus legislaciones nacionales sobre patentes con el propósito de acelerar los procesos de aprobación de uso de licencias obligatorias una facilidad que el tratado de Adpic concede a los gobiernos para que permitan a los laboratorios locales la fabricación de genéricos adecuados a la enfermedad.

Ante ese cuadro, los proponentes consideran que se hace necesario un llamado urgente a la solidaridad universal para compartir sin dificultades la tecnología y el conocimiento que permitan obtener respuesta rápida a la Covid19.

India y Sudáfrica aspiran a que el Consejo de Adpic apruebe la adopción de la exención solicitada en la sesión que el organismo sostendrá el 10 de diciembre, con la finalidad de que una semana más tarde la sanciones el Consejo General de la OMC, el máximo organismo de la institución durante los recesos de la Conferencia Ministerial.

Pero en las dos sesiones del Consejo de Adpic, en octubre y noviembre, dedicadas al examen de la iniciativa, no se alcanzó un consenso, el método preferido por la OMC para adoptar sus decisiones. Las negociaciones prosiguen con la perspectiva de reducir las diferencias.

El panorama se alteró esta semana con el anuncio de una variante introducida por el Grupo de Ottawa, integrado por Canadá, la Unión Europea, Australia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Japón, Kenia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suiza. Resalta la ausencia de Estados Unidos y también la presencia de Kenia, que ha defendido la propuesta de India y Sudáfrica.

El Grupo de Ottawa, fue creado en 2018 en la capital canadiense para buscar una salida a la ofensiva estadounidense contra la OMC que terminó con la extinción de su Órgano de Apelaciones, la instancia superior de sus sistema de solución de diferencias. Este lunes 30 de noviembre desaparece la última huella de ese cuerpo con la finalización del mandato de la jueza de nacionalidad china Hong Zhao, que había asumido el 1 de diciembre de 2016.

Esa agrupación, que se define “de países afines”, presentó a la OMC su Iniciativa Global sobre Comercio y Salud, como un llamado a los demás estados miembros a incrementar su cooperación y trabajo para fortalecer las normas globales que faciliten el comercio de productos medicinales esenciales.

El texto del Grupo de Ottawa elude mencionar la propuesta de India y Sudáfrica aunque pide a la OMC acciones inmediatas para enfrentar la Covid19 como la renuencia a emplear restricciones a las exportaciones o la invitación a adoptar medidas de facilitación del comercio en cuestiones de aduanas y servicios, como también en el mejoramiento de la transparencia.

Las dos iniciativas serán parte de negociaciones en el Consejo de Adpic del 10 de diciembre y en el Consejo general del 17 del mismo mes. En caso de desacuerdo la resolución final quedará la Conferencia Ministerial, convocada en principio para junio de 2021 en Nur Salam, capital de Kazajistán.-

(GC)

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