La OMC en una encrucijada a causa del coronavirus

GINEBRA, 13 mar.-  Al cabo de casi tres meses de implacable expansión del coronavirus (Covis19) por el planeta, uno de sus rasgos más característicos ha quedado en evidencia: se ensaña con los organismos más debilitados. Y eso es lo que acaba de ocurrir con la Organización Mundial del Comercio (OMC) que esta semana reconoció la imposibilidad, a causa del flagelo, de concretar su conferencia ministerial que debía sesionar del 8 al 11 de junio próximo en la ciudad de Nur-Sultan, capital de Kazajstán.

No es que la OMC figure entre las venerables aunque lozanas instituciones multilaterales con sede en esta ciudad suiza, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). que cumple 101 años, o la admirable Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que en mayo próximo llegará a los 155 años de vida. Sí, fue fundada en 1865. La OMC es de la generación más reciente de este tipo de entidades. Concebida por la conferencia de ministros de comercio realizada en Marrakesh, Marruecos, el 15 de abril de 1994, dió sus primeros pasos el 1 de enero de 1995, en su actual sede a orillas del lago de Ginebra.

Pocas semanas atrás, cuando alcanzó los 25 años, las celebraciones fueron apagadas pues había poco para festejar en una historia de compromisos quebrantados. El parto de Marrakesh fue posible porque los países industrializados obtuvieron cuanto pretendían de rebaja en aranceles sobre mercancías, de rigurosidad en propiedad intelectual, de apertura en el comercio de servicios, entre otras reformas de liberalización de los intercambios y de la economía en general, que por esos años hacían furor. A cambio, prometieron que en 2001 iniciarían negociaciones para liberalizar también la agricultura, el rubro vital para los países en desarrollo.

Esas negociaciones de agricultura comenzaron en 2001, pero desde el inicio fue ostensible que los industrializados no cederían en abrir sus fronteras al ingreso de productos de los países pobres, lo que se conoce como acceso a los mercados, ni tampoco en reducir las subvenciones que otorgan a sus propios agricultores ineficientes, la denominada ayuda interna.  La única materia en que aflojaron y a regañadientes, fue en la eliminación de sus subvenciones a las exportaciones agrícolas en que cometían abusos flagrantes de arbitrariedad comercial.

Para enmendar esos incumplimientos, los países ricos prometieron impulsar una agenda comercial favorable al desarrollo en la conferencia ministerial que se celebraría en Doha, Catar, en noviembre de 2001. Pero en septiembre de ese año sobrevinieron los ataques de las Torres Gemelas, en Nueva York, y la escena internacional se descalabró más aún con la invasión en diciembre a Afganistán, que todavía perdura, y los preparativos de la acometida contra Irak, dos años después.

La Agenda de Doha se adoptó finalmente con algunos propósitos favorables a los países en desarrollo que tampoco se han materializado en acuerdos definitivos. Como lo más destacable que queda de Doha es la declaración que consagra a la salud por encima del comercio. Desde entonces la balanza de la OMC se inclinó siempre a favor de los países industrializados, con algunos avances, como la facilitación del comercio, destinada a acelerar trámites fronterizos que allanan las formas de comercialización en boga. Las aspiraciones de los países en desarrollo tropiezan en cambio con la intransigencia de la contraparte industrializada, mientras el clima general de negociaciones se ensombrece por la incertidumbre dominante.

A este recorrido de la OMC resta agregarle dos mojones: la incorporación en 2001 a su marco jurídico de China y el advenimiento de Donald Trump en 2017 a la presidencia de Estados Unidos. La potencia asiática remozó el comercio con beneficios para países del Norte y del Sur, mientras que la irrupción de Trump profundizó la inseguridad en las relaciones comerciales y paralizó actividades esenciales de la OMC como el sistema de solución de diferencias, una especie de tribunal de justicia comercial internacional.

Los Estados Unidos nunca habían sido muy contemplativos con las aspiraciones de otros países, en particular de los en desarrollo, que conspiraran contra sus intereses dominantes. Los europeos, que procuran los mismos fines, suelen usar en la OMC métodos menos tajantes. Pero la arremetida de Trump en los últimos tres años desconcertó a todos por sus métodos. Acometió, por ejemplo, contra el Órgano de Apelación, la instancia máxima del tribunal, hasta conseguir en diciembre pasado prácticamente su desaparición, sin explicar hasta ahora que propone para reemplazar ese cuerpo, esencial en más de dos décadas para mantener una cierta armonía en el sistema comercial. Y aplica prácticas de proteccionismo, como sus andanadas de aumentos arancelarios contra China, en particular, y sus aliados europeos y sudamericanos.

Aunque Washington no está solo en algunas de sus políticas. Con la Unión Europea y Japón han resucitado la alianza que tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) dominaba las actividades económicas. Los une ahora el afán por recuperar el predominio industrial ante la amenaza de la consagrada China y de las ascendientes India, Rusia, Brasil y Sudáfrica.

La Unión Europea también apoya las intenciones de Estados Unidos de eliminar el tratamiento especial y diferenciado, un régimen de beneficio a los países en desarrollo heredado del antecesor (de 1947 a 1995) de la OMC, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).

Ese trato preferencial para los países pobres fue recogido y reproducido en los textos jurídicos que conforman el basamento legal de los acuerdos multilaterales de la OMC. La pretensión estadounidense de ignorarlo tiene apoyo de algunos países en desarrollo, como Brasil y Costa Rica. El gobierno del presidente derechista, Jair Bolsonaro, acordó con Trump tal respaldo a cambio de la influencia de Estados Unidos para que Brasil ingrese al club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Otra incertidumbre para la OMC proviene del fracaso de la negociación para prohibir ciertas subvenciones que contribuyen a la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. La meta 14.6 pretendía “de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y a la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole”. Los ministros establecieron también que esa negociación de la OMC debe “incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”, el beneficio que Estados Unidos, la Unión Europea y otros pretenden ahora desconocer.

La negociación de las subvenciones pesqueras está trabada por posiciones diferentes entre países que defienden a millones de pescadores artesanales, como China e India, entre otros, y naciones industrializadas, en particular la Unión Europea, con planes de sostener subvenciones para las grandes flotas de pesca en ultramar. Otros países, como Estados Unidos y algunos de América del Sur, apoyan propuestas diferentes.

El problema para la OMC es que los plazos fijados por el mandato de los jefes de estados y de gobiernos al aprobar los OSD ya están todos vencidos. A la institución comercial le quedaba la alternativa de alcanzar un acuerdo en la conferencia ministerial de Nur-Sultan. Como se ve, el orden del día para los ministros en Kazajstán era espeso y ponía en figurillas a los negociadores y a la misma secretaría de la OMC.

Pero sorpresivamente, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, anunció el jueves 12 que en consulta con el neozelandés David Walker, presidente del Consejo General de la OMC, el órgano predominante durante los recesos de la conferencia ministerial, y también con la delegación de Kazajstán en Ginebra, consideraron que “no es factible” realizar la conferencia ministerial en la fecha establecida en la capital Nur-Sultan. Ante este cuadro, Azevêdo y Walker convinieron en que llamarán “tan pronto como sea posible” a una reunión del Consejo General para revisar los acuerdos respecto a la realización de la conferencia ministerial.

Con esos antecedentes, la OMC se encuentra en una situación precaria para afrontar este problema de la conferencia y las demás discrepancias entre sus miembros. Todas las reuniones de los 162 estados partes de la organización están paralizadas desde el 11 de este mes y durante toda una semana, hasta el 20 de marzo, por la aparición de un caso de coronavirus en la OMC. El funcionario afectado se recupera, anunció este viernes una fuente de la institución.

Las actividades normales de la OMC podrían reanudarse el lunes 23, pero la convocatoria del Consejo General es incierta. Ante la expansión del Covid19, las autoridades suizas han dictado normas muy estrictas sobre las reuniones públicas limitando el número máximo de asistentes y el espacio que debe establecerse entre cada participante para evitar contagios.

Todas las agencias de la ONU con sede en Ginebra han comenzado a aplicar esas instrucciones. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU interrumpió este viernes por tiempo indefinido su primera sesión anual, que debía concluir la próxima semana, y dejó pendiente una eventual reanudación. El mismo criterio adoptó la Conferencia de Desarme.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que lleva el peso de la campaña contra el virus, decidió este viernes que todo el personal de la institución no involucrado directamente en la acción contra el Covid19 trabajara durante esta jornada desde su domicilio, a modo de ensayo. La misma operación de teletrabajo en el domicilio realizó este viernes la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Las conferencias de prensa semanales (martes y viernes) de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) abandonaron este viernes su recinto tradicional y se trasladaron a una sala más amplia en el mismo Palais des Nations para respetar los requisitos establecidos por el gobierno suizo.

La OMC deberá atender a esas exigencias y también a la evolución de la pandemia en Suiza para convocar a su máximo organismo que decidirá la suerte de la conferencia ministerial. Las instalaciones de la organización, a pesar de reformas recientes, carecen de la amplitud requerida por las normas suizas. Tomará en cuenta también las decisiones de otras organizaciones locales, como la UIT, que había convocado a su tradicional Foro de la Sociedad Mundial de la Información (WSIS, por su sigla en inglés) para el próximo mes de abril y en atención a la recomendación del gobierno suizo, de prohibir reuniones de más de 1000 personas, resolvió realizar el WSIS del 31 de agosto al 4 de septiembre. La Unctad canceló igualmente su Semana de Comercio Electrónico 2020, anunciada para la semana del 27 de abril al 1 de mayo, y prometió comunicar una nueva fecha.

A pesar de su historia azarosa, la OMC ha superado dificultades serias. La última en diciembre pasado, cuando Estados Unidos amenazó vetar la aprobación del presupuesto de la entidad para 2020. Para alivio de sus 625 dependientes regulares, de todos los niveles, Washington retiró sus objeciones y los recursos para gastos por 197.203.900 francos suizos, equivalentes en esa fecha, el 10 de diciembre de 2019, a 200.340.000 dólares, fueron aprobados. En el personal de la OMC coexisten 83 nacionalidades y las mujeres representan 53,4 por ciento del total, pero son menos de la tercera parte del total de unos 15 directivos que comandan la secretaría de la institución.

Además de las diferencias comerciales entre los estados parte, el futuro de la institución se determinará igualmente por la evolución que siga la pandemia del coronavirus en Suiza, que al sur limita con la denominada “Zona Roja” de Lombardía, la región de Italia más castigada en los últimos tres meses por el flagelo.

Informes de la OMS de este viernes sobre los alcances del Covid19 en Suiza indicaban un número total de 858 casos detectados, de los cuales 213, eran nuevos. Los decesos totales sumaban ocho y los nuevos, dos. El origen, precisaba la OMS, eran casos de transmisión local.

Sin embargo, medios periodísticos suizos que recogían informaciones de los cantones suizos y de la Oficina Federal de Salud Pública (el ministerio de salud helvético) elevaban el total de casos detectados a 1125 y el de muertos a 11. Las mismas fuentes consignaban que en el cantón de Ginebra se han registrado 86 casos y este viernes se verificó el primer deceso, de una mujer de 32 años.-

(GC)

 

 

 

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