Comercio electrónico en la OMC aun con brechas digital y social

Un grupo de estados parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció el 25 de enero su intención de comenzar en esa institución multilateral una negociación plurilateral sobre los aspectos del comercio electrónico que se vinculan con las normas del intercambio internacional. La iniciativa guarda relación con la inconmensurable expansión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las últimas tres décadas y con perspectivas semejantes que el avance de la investigación les depara.

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La explotación de esas innovaciones favoreció la irrupción en pocos años de apenas un puñado de empresas, radicadas principalmente en Estados Unidos, aunque también en China, que han aprovechado fructíferamente las nuevas posibilidades hasta alcanzar posiciones monopólicas en el escenario global. Uno de los rubros de mayor crecimiento y a la vez concentración en ese campo ha sido el de intercambio de bienes, y hasta ahora unos pocos servicios, por distintas formas de pago, todo a través de las comunicaciones electrónicas, en lo que se conoce como e-comercio.

El paisaje tan promisorio de las TIC y de otras innovaciones se interrumpe ante una brecha que a veces es muy profunda, la digital. En los países en desarrollo, dos terceras partes de la población carecen de acceso a internet. Mientras que en Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de naciones industrializadas la banda ancha es moneda corriente, la tasa de penetración de esa tecnología en África no alcanza al 20 por ciento. Los precios del servicio de banda ancha, un elemento capital para el comercio en línea, son más elevados en los países menos adelantados en relación a las naciones desarrolladas y a otros países en desarrollo.

En ese panorama, un grupo de 49 países, distribuyeron a través de la OMC una declaración donde manifiestan que “Confirmamos nuestra intención de comenzar en la OMC negociaciones sobre los aspectos del comercio electrónico que están relacionados con el comercio internacional”. El texto de cuatro párrafos agrega que “nos esforzaremos por obtener un resultado de alto nivel que se apoye en los acuerdos y marcos existentes en la OMC con la participación del mayor número posible de miembros de la OMC”.

“Reconocemos y tomaremos en cuenta las oportunidades y los desafíos únicos que confrontan los miembros, incluidos países en desarrollo y países menos avanzados, como también las micro, pequeñas y medianas empresas, en relación con el comercio electrónico”, prosigue, y concluye diciendo que “continuamos alentando a todos los miembros de la OMC a participar con el fin de reforzar las ventajas del comercio electrónico para las empresas, los consumidores y la economía mundial”.

La declaración fue discutida y aprobada en Davos, el centro de turismo invernal suizo donde se realiza la reunión de relaciones públicas y cabildeo, con asistencia de altos gobernantes y empresarios, que convoca en enero de cada año el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), asentado a su vez en Ginebra. La lista de firmantes de la declaración, en la versión divulgada por la OMC, suma 49 miembros. Sin embargo, la OMC precisó más tarde que los firmantes llegaban a 76 y que en total acumulan un 90 por ciento del comercio mundial. La OMC cuenta con 164 miembros.

India, Sudáfrica y numerosos países en desarrollo han opuesto objeciones a esa idea, alegando, entre otras razones, que la OMC inició en 1998 un programa de trabajo sobre e-comercio. Esa decisión encomendó las negociaciones a cuatro órganos del sistema: el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Comité de Comercio y Desarrollo. Todo supervisado por el Consejo General de la OMC.

La propuesta de una agenda favorable al e-comercio mereció una crítica inmediata del movimiento obrero sindicalizado internacional que advirtió de que “la OMC no es el lugar apropiado para negociar normas vinculantes sobre estos temas”. Las nuevas propuestas presentadas pondrán “restricciones severas a la capacidad de los gobiernos de regular a favor de los intereses de los trabajadores”, dijo una declaración de la Central Sindical Internacional (CSI) distribuida en su sede de Bruselas, apenas conocido el anuncio de Davos.

En el WEF, “un número de gobiernos, predominantemente de economías avanzadas, ha anunciado sus intenciones de lanzar negociaciones comerciales sobre e-comercio, expuso la CSI. Con ese paso “pretenden consolidar el acceso a los mercados para compañías digitales. Amazon, Alphabet (Google), Facebook y otras corporaciones multinacionales en línea se posicionan como las ganadoras”, evaluó.

El mensaje obrero añade que “los temas del manejo de los datos son fundamentales en la propuesta expansión negociadora de la OMC. Al garantizar un flujo desbordante de datos a través de las fronteras, imponen mayores limitaciones a la soberanía de los países sobre los datos y sobre el espacio que disponen los gobiernos para afrontar los abusos. Los cambios que se proponen podrían introducir disciplinas directas a la capacidad de regulación pública y prohibir a los gobiernos que requieran a las compañías la apertura de oficinas locales y de instalar servidores en su territorio. Sin una presencia local de las compañías, no hay una entidad a la cual perseguir y así fundamentalmente se desafía la capacidad de los tribunales nacionales para hacer cumplir las normas laborales y otros derechos”.

Las cuestiones en discusión “no se limitan a detalles prácticos del comercio, son asuntos de derechos laborales, son asuntos referidos al gobierno de los datos y son asuntos de la vida privada. No debemos permitir un futuro en que la capacidad de los trabajadores para enjuiciar la responsabilidad de los gigantes de la economía digital sea limitada por acuerdos comerciales”, advirtió la CSI.

La secretaria general de la CSI, la australiana Sharan Burrow, observó que “hemos visto como los Uber y los Amazon de este mundo explotan los resquicios legales para deteriorar las condiciones de la población obrera. En vez de facilitar este tipo de comportamientos irresponsables, los gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos para cerrar esos resquicios”. “La única respuesta es un nuevo contrato social con una garantía laboral universal”, proclamó Burrow.-

(GC)