Reforma OMC

Reformas audaces para zanjar diferencias comerciales

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) ya está de mudanza, como quedó patente en su sede de Ginebra el 21 de enero de 2019 cuando el embajador de Nueva Zelanda, David Walker, dio sus primeros pasos como facilitador del proceso de discusiones para resolver la crisis del Órgano de Apelaciones (OA), uno de los mayores problemas que tienen en vilo a la institución multilateral y que pueden llevarla a compartir su actual sistema de solución de diferencias con un régimen de arbitraje.

Sobre el OA, máximo tribunal del entendimiento que regula las normas y los procedimientos por los que se rige la solución de diferencias en la OMC, pesa una seria amenaza de desaparición instrumentada por Estados Unidos. El gobierno de Washington ha bloqueado repetidas veces el proceso de selección para cubrir las vacantes que se producen en el OA. De proseguir esa obstrucción, en diciembre próximo el cuerpo quedará reducido a un solo miembro, de un total de siete asignados, sin posibilidades de seguir juzgando.

La designación de Walker como facilitador fue anunciada el 17 de enero por el presidente del Consejo General de la OMC, el embajador japonés Junichi Ihara, durante una sesión especial convocada para examinar la crisis del OA. Desde el 12 de diciembre de 2018 Ihara discutió la inmovilización del tribunal con delegaciones de 25 países acreditados ante la OMC. Los negociadores mostraron “espíritu constructivo” y estimaron que una solución debe arribar con suma urgencia, dijo Ihara, según confiaron fuentes comerciales.

En las últimas semanas de 2018, numerosos estados parte de la OMC se movilizaron en búsqueda de un alivio a las penurias del OA. En ese período se presentaron dos propuestas referidas al Órgano de Apelación y una tercera enfocada en un posible órgano de arbitraje que establecería orientaciones vinculantes y no vinculantes.
Una de las iniciativas, presentada el 11 de diciembre, lleva las firmas de la Unión Europea, China, Canadá, India, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Corea del Sur, Islandia, Singapur, México, Costa Rica y Montenegro. El texto declara preocupación profunda por la prolongada falta de consenso para cubrir las vacantes del OA y el riesgo consiguiente de que socave la viabilidad del sistema de solución de diferencias de la OMC, refirieron las fuentes.

La comunicación agradece la contribución satisfactoria del sistema de solución de diferencias a la seguridad y previsibilidad del sistema multilateral de comercio. Reconoce la función esencial del OA dentro del sistema que sirve para preservar los derechos y obligaciones de los miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de esos acuerdos. El documento precisa que el OA deberá cumplir esa función “sin aumentar ni reducir los derechos y obligaciones establecidos en ellos”. Alude así a una de las principales objeciones de Estados Unidos que reprocha al OA por supuestamente exceder el marco de su mandato en ese campo.

Los 14 miembros firmantes proponen una reforma de los procedimientos sobre el plazo de apelación de manera que las partes de una disputa puedan acordar una prórroga del lapso de 90 días que actualmente rige para que el OA presente su dictamen. Los negociadores estadounidenses han mostrado irritación cada vez que el OA se ha excedido de ese plazo a causa de la sobrecarga de trabajo que padece. Cuando el sistema de solución de diferencias comenzó a operar, a partir de la entrada en funcionamiento de la OMC, el 1 de enero de 1995, el número de estados parte sumaba 84. El 29 de Julio de 2016, con la incorporación de Afganistán, esa cifra se elevó a 164, mientras los recursos a disposición del tribunal prácticamente no han cambiado. Los estados parte de acuerdos plurilaterales de comercio han contribuido también a la recarga de tareas del sistema cuando han preferido litigar en el órgano de solución de diferencias de la OMC en lugar de hacerlo en los cuerpos jurídicos creados por sus propios tratados. Tal han sido frecuentes los casos de los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá, Estados Unidos y México, según han subrayado observadores comerciales.

En un esfuerzo por complacer a Estados Unidos, la propuesta propone una interpretación de las normas que excluya toda atribución del OA para examinar las constataciones de los grupos especiales, una instancia inferior, sobre el sentido de las legislaciones internas (el derecho nacional) de los países litigantes. En igual sentido se auspicia corregir la tendencia del OA de formular constataciones sobre cuestiones que no son necesarias para resolver una diferencia. Igual suerte corre la tendencia del OA a considerar sus propios informes como precedentes (jurisprudencia) que los grupos especiales deben seguir.

Otra propuesta de la Unión Europea, esta vez secundada por China, India y Montenegro, propicia reforzar la independencia e imparcialidad del OA, mejorar su eficiencia para que pueda cumplir los plazos establecidos y garantizar una transición ordenada, así como el inicio ordenado del procedimiento de selección de sus miembros. Para ello propone extender el mandato a un periodo de seis un ocho años y aumentar de siete a nueve el número de miembros del OA. Otra reforma demandada establecería la ocupación exclusiva de los miembros del OA. En la actualidad es un trabajo a tiempo parcial.

La tercera iniciativa fue presentada por Australia, Singapur, Costa Rica, Canadá y Suiza. Los cinco estados parte coinciden con la inquietud expresada por las restantes propuestas, pero hacen hincapié en que los grupos especiales y el OA agreguen o disminuyan derechos u obligaciones contemplados en el Acuerdo de la OMC, tal vez el tema que más incomoda a Estados Unidos. Los firmantes proponen la iniciación inmediata de un proceso orientado a la búsqueda de soluciones a través de discusiones entre los miembros interesados en los temas de solución de diferencias.   En particular, los proponentes piden que la OMC incorpore, como consigna un documento circulado por Canadá, procedimientos, del tipo de orientaciones, que pueden tener cáracter vinculante o no vinculante, emitidas por órganos de arbitraje, y también otras originadas en “interpretaciones autorizadas”. La idea va aún más allá pues llama a discutir opciones para fortalecer marcos que aseguren un equilibrio apropiado entre las funciones y responsabilidades del Órgano de Solución de Diferencias, por un lado, y los organismos arbitrales, por otro, lo que constituiría algo más que una mudanza para la OMC.

(GC)