El difícil equilibrio entre medio ambiente y librecomercio

Un pleito comercial con marcado cariz ambiental, entre México y Estados Unidos, se saldó el viernes 11 de enero en la última instancia del Entendimiento de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las dos naciones norteamericanas discrepaban sobre el texto de las etiquetas incorporadas a los envases de atún mexicano que se comercializan en territorio estadounidense.

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México inició en 2008 una acción legal ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), el mecanismo de la OMC que examina las divergencias entre sus estados miembros acerca del acatamiento de las normas que regulan el sistema global de comercio. Las autoridades mexicanas entendían que las leyendas de esos envases implicaban una discriminación contra productos de atún importados por Estados Unidos.

A lo largo de 10 años la disputa atravesó los grados procesales del OSD hasta que el 14 de diciembre pasado el tribunal máximo, el Órgano de Apelación de la OMC, desestimó la acción mexicana en un fallo favorable a Estados Unidos. El caso quedó cerrado la semana pasada, cuando el OSD, en su primera sesion del 2019, convalidó formalmente la sentencia del Órgano de Apelación.

El dictamen adquiere resonancia ambiental porque convalida medidas de protección a variedades amenazadas, en este caso los mamíferos marinos, como los delfines que caen atrapados por las asfixiantes redes de cerco tendidas para la captura del atún aleta amarilla en aguas del Pacífico oriental.

Al mismo tiempo, la sentencia devuelve protagonismo al Órgano de Apelación, sometido en los últimos meses, como la misma OMC, a ataques feroces del gobierno de Estados Unidos que amenazan la supervivencia de todo el sistema multilateral de comercio.

Pronunciamientos de este tipo son seguidos con atención particular por el mundo ambiental porque insinúan el grado de sensibilidad ante esos temas de los tribunales, a partir de 1947 del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés), y desde 1995 de su sucesora, la OMC.

Una relación a veces enconada y casi siempre desconfiada ha prevalecido desde hace mas de medio siglo entre la defensa del medio ambiente y la promoción del comercio libre.

“El GATT y la OMC han dictaminado a menudo contra las medidas ambientales comerciales, determinando que son barreras ilícitas al comercio”, opinó el jurista norteamericano Scott C. Owen en un estudio publicado por el Houston Journal of International Law en septiembre del 2000.

“Esas decisiones han puesto de relieve el conflicto entre el comercio y el medio ambiente y han motivado muchas críticas de expertos y de grupos ambientales por preferir el libre comercio en lugar del derecho individual de un país a proteger el medio ambiente global”, observó Owen.

Fue en el GATT, precisamente, donde Mėxico y Estados Unidos se enfrentaron por primera vez, en 1990, cuando Washington impuso un embargo al atún mexicano, alegando que su vecino había violado la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA, por su sigla en inglés).

La MMPA, firmada por el presidente Richard Nixon, en octubre de 1972, disponía la protección de mamíferos marinos como delfines, ballenas, focas, morsas, manatíes, nutrias marinas y osos polares. La ley respondía al reclamo de la sociedad estadounidense sobrecogida por los informes de matanzas, durante décadas anteriores, de millones de delfines en operaciones de captura del atún aleta amarilla en el Pacífico oriental.

En esas aguas, el atún aleta amarilla tiende a agruparse bajo los cardúmenes de delfines. Cuando los delfines se asoman a la superficie para respirar, son avistados por los pesqueros, que se lanzan a la captura del atún. Los barcos atuneros utilizan las redes de cerco, extendidas por varias naves alineadas, con flotadores en la superficie y abarcando una profundidad de hasta 250 metros. El estruendo de explosiones y de botes a motor aterroriza a los delfines, que suben a la superficie. De esa manera, las redes pueden cerrarse para aprisionar abajo a los atunes, mientras los delfines terminan sacrificados, mutilados o desorientados.

Al embargo estadounidense México respondió con la presentación de una queja ante el consejo del GATT alegando que el reclamo de Washington entraba en contradicción con los principios del GATT. Estados Unidos argumentó que la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar autoriza a los estados parte a prohibir o regular la explotación de delfines, pero el GATT rechazó esas razones y decidió guiarse por sus propios principios.

Aquella vez, el fallo del GATT favoreció a México que, sin embargo, no reclamó la adopción del dictamen por el Consejo General porque ya en ese momento negociaba con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entraría en vigor el 1 de enero de 1994.

En años posteriores las políticas de protección de los delfines fueron perfeccionadas con el Acuerdo de La Jolla, en California, Estados Unidos, de 1992, y la Declaración de Panamá, de 1995, que comprometen a una decena de países, en su mayoría ribereños del Pacífico oriental.

Con esos antecedentes se llega al diferendo planteado en 2008 por México que se siente discriminado porque Estados Unidos etiqueta como “delfín seguro” a las latas que contienen atún capturado por países que respetan las normas de protección de esa especie.

El grupo especial de la OMC, que evaluó en primera instancia el pleito entre México y Estados Unidos, estimó que el etiquetado estadounidense era coherente con las disposiciones del artículo 2.1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.

El artículo establece que “Los Miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y a productos similares originarios de cualquier país”.

Esa interpretación se mantuvo a través de sucesivas apelaciones hasta el fallo final.

En la sesión del OSD del 11 de enero, la representación de Estados Unidos no perdió la oportunidad de volver a la carga contra el Órgano de Apelación. El representante de Washington le atribuyó al tribunal haber ejercido durante el proceso una “creciente demanda de estándares legales” relacionados con el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, dijeron fuentes comerciales de Ginebra. “Esos estándares no estaban fundados en los textos de las estipulaciones relevantes y los negociadores no las aceptaron”, agregó el delegado estadounidense, según refirió la fuente.

Como dato aleatorio y muestra del clima de incertidumbre y suspicacia en la OMC tras las insistentes críticas de Washington, el texto del orden del día de la sesión del viernes 11 de enero, distribuido el 21 de diciembre pasado, proponía como último punto el examen del grupo especial sobre el caso del atún.  De manera flagrante omitía que fue el parecer del Órgano de Apelación el que consagró el dictamen final. Las delegaciones de la Unión Europea y de Canadá pidieron que constara la referencia a los dos cuerpos que participaron del proceso, para subsanar asi un aparente desliz involuntario.

(GC)